En realidad, el parámetro para medir quién ganó y quién perdió tiene menos que ver con los aspectos cuantitativos -cantidad de personas que se quedaron en sus casas y de empresas que no abrieron sus puertas- que con los de carácter cualitativo. Fueron innumerables las huelgas que, a expensas de la administración radical encabezada por Raúl Alfonsín, gestaron Saul Ubaldini -entonces cabeza visible de la CGT- y los más fuertes sindicatos del país. Sin embargo, no resultó esa la razón en virtud de la cual aquel gobierno terminó antes de tiempo. En todo caso, mucha mayor incidencia en el desenlace anticipado de la gestión alfonsinista tuvieron los carapintadas y el desmanejo de la economía y de las finanzas públicas obrado por el equipo económico del ministro Juan Vital Sourrouille. 

A cambio, a Alberto Fernández por su condición de peronista los Gordos nunca lo acorralaron ni intentaron sabotearlo. No obstante, su gestión epílogo en un desastre pocas veces visto entre nosotros, con las consecuencias electorales de todos conocidas. Una cosa es hacer ruido, pronunciar discursos incendiarios, amenazar de palabra a los senadores que voten la ley ómnibus y ponerle un palo en la rueda al aparato productivo, por espacio de unas cuantas horas, y otra -bien distinta- es obtener una victoria táctica. Cuando Patricia Bullrich y Guillermo Francos afirman, pues, que el paro los tiene sin cuidado, no faltan a la verdad. El poder de fuego del sindicalismo justicialista es similar al de un revolver con balas de fogueo. No mete miedo ni llega lejos.

Esto es así -entre otros motivos- por el grado de rechazo que generan unos diri- gentes multimillonarios que dicen servir al ‘pueblo trabajador’ y no tienen empacho en servirse de sus representados de una manera escandalosa. La impunidad con que manejan las obras sociales, el descaro con el que se han enriquecido sin rendirle cuentas a nadie, y la prepotencia que los caracterizó siempre tuvieron dos consecuencias que están a la vista para quien quiera mirarlas: por un lado, crecieron las ‘organizaciones sociales’, en abierto desafío a las estructura sindical clásica; por el otro, gran parte de la ciudadanía  -y esto puede apreciarse en cualquiera de las muchas encuestas que miden la confianza de los argentinos en sus instituciones- los rechaza ,al extremo de ser la gremial, junto a la clase política, las dos con peor imagen. En la medida que la CGT es un tigre de papel o, si se prefiere, un gigante tan tosco como inofensivo, no residen en la calle Azopardo o en el cuartel general del gremio de camioneros -donde talla la familia Moyano, como si fuese una dinastía reinante- los enemigos más peligrosos del oficialismo. Hoy el escollo que debe sortear Milei se encuentra en la cámara alta del Congreso de la Nación. Es allí y no en las calles donde su derrotero puede recibir un golpe que lo deje mal parado.

La media sanción con la que llega el proyecto gubernamental al Senado merece un breve análisis. Lo primero que se deja ver en la forma como actuó La Libertad Avanza en la cámara baja es el pragmatismo que transparentaron sus principales alfiles en las negociaciones que se llevaron a cabo para obtener los votos que era menester. No hubo gestos descomedidos, ni filípicas en contra de la casta, ni destratos a las bancadas opositoras. Tan llamativo fue el buen comportamiento de los libertarios -de ordinario proclives a descalificar a quienes no comulgan con sus ideas- que hay que pensar en una estrategia planeada con buen criterio y realismo, y en una bajada de línea estricta, para que nadie se fuera de boca. Lo segundo que quedó en claro desde un primer momento fue la predisposición a negociar el paquete sin preconceptos ni posturas maximalistas. Por eso es que el gobierno consiguió sumar los votos que le eran imprescindibles. Si fracasaba en el intento habría sufrido una derrota durísima. En atención a lo dicho, no hay razones valederas para imaginar que el libreto de los libertarios vaya a cambiar. La consigna de la hora es sumar voluntades entre radicales, independientes y peronistas, con basamento en una negociación ajena a todo sectarismo.

Lo que se halla en juego no es una cuestión menor. La atención de los mercados externos, de las instituciones de crédito y de no pocos gobiernos está puesta en el final que tenga la ley ómnibus. Cuanto se consiguió la semana pasada en la cámara baja significó un enorme paso adelante para la administración libertaria, pero se podría decir que esa fue la condición necesaria. La condición suficiente se encuentra en manos de los senadores que pueden bajarle el pulgar o darle un espaldarazo fundamental al oficialismo. La índole de la pulseada, a todo o nada, la tienen en claro -sin que haga falta ninguna aclaración- tanto la Casa Rosada como el kirchnerismo.

Por supuesto que Balcarce 50 arriesga más que los K. Ello en razón de que, a esta altura del partido, para Milei representaría un descalabro que el bloque de Unión por la Patria lograse convencer a cuatro senadores de votar en contra del proyecto con media sanción y - de esa forma- poder hundirlo. Cristina Kirchner, Axel Kicillof y la CGT -los principales opugnadores del gobierno- se juegan dos cosas: por una parte, que su bloque no sufra fugas de consideración -algo que en la reciente votación en la Cámara de Diputados no le fue posible hacer- y, por la otra, probar que están en condiciones de infringir al oficialismo un revés estratégico.

Con escasos siete senadores propios y apenas ocho de sus aliados naturales, nucleados en lo que queda del Pro, La Libertad Avanza no tiene más remedio que negociar a los efectos de obtener, primero, un dictamen de mayoría satisfactorio. Acto seguido, cuando se discuta el proyecto en el plenario, se enfrentará a tres escenarios probables, a saber: 1) que la media sanción se transforme en ley producto del voto mayoritario, sin necesidad de volver a discutirla en la cámara baja; 2) que sufra modificaciones y sea obligatorio reabrir el debate en Diputados con la ventaja para los libertarios que, como ésta ha sido la cámara de iniciación, si fuese una mayoría simple -no de dos tercios- la que gestó los cambios en la cámara alta, le bastaría sumar también una mayoría simple entre los diputados para tener la ley que tanto desean, y 3) que fuese rechazada en general. Para evitar el tercer escenario descripto es que el oficialismo, más allá de tomar contacto, individualmente, con todos los que juzga conversables -tarea de la cual se halla encargada Victoria Villarruel- ha tendido líneas directas con los gobernadores afines -algo que cae de maduro- y también con buena parte de los peronistas. La estrategia desplegada es susceptible de ser sintetizada apelando a la frase, vieja como el mundo, del palo y la zanahoria. Los mandatarios provinciales padecen hoy el peso de un ajuste que los ha dejado al borde del colapso. Por eso es que, a cambio del voto de los senadores que en general les responden, el trio Posse-Caputo-Francos -responsable de la delicada misión- les ha prometido fondos frescos. La fortaleza del oficialismo reside en el peso del unitarismo fiscal, que tiene de suyo un efecto disciplinario notable de cara a las provincias. La fortaleza del kirchnerismo, si es que mantiene la unidad y sus treinta y tres votan como un solo hombre, es que apenas debe convencer a cuatro más para celebrar.

Vicente Massot