En la Casa Rosada son conscientes de que se ha ganado una batalla y que, a continuación, vienen otras. Razón por la cual más vale no cantar victoria antes de tiempo. Es menester prepararse para un segundo semestre que traerá sus afanes a cuestas. 

En el curso de las próximas semanas, los representantes de La Libertad Avanza y los partidos de la oposición dialoguista volverán a verse las caras. Se recortan en el horizonte parlamentario, apenas soterradas, unas discusiones de calado semejante a las que acaban de zanjarse. El esquema jubilatorio volverá a cobrar protagonismo y ser objeto de un arduo debate si el libreto con media sanción de los diputados es tratado y aprobado en la cámara alta. El presidente ha prometido que, en tal caso, vetaría la ley que supone una erogación presupuestaria equivalente a 0,4 % del PBI. Aunque no sería de descartar que, a su vez, los senadores consiguiesen reunir dos tercios de los votos y se pusieran a cubierto del ucase presidencial. Lo que se dice, un escenario de conflicto de poderes llevado a su más alta expresión.

En agosto a más tardar se iniciará como es costumbre el debate concerniente al Presupuesto; y en torno a la así llamada Ley de leyes se abrirán paso -cual no podría ser menos- todos los reclamos habidos y por haber de unos gobernadores -los afines a la administración de turno y los que se hallan en la vereda de enfrente y allí se quedarán- sedientos de recursos para ordenar sus cajas escuálidas y su deficiente gestión. Una vez más estarán a la orden del día los típicos tiras y aflojes que hemos visto, desde el inicio del mandato libertario, en el único ámbito donde su poder de fuego es reducido: el Congreso. Allí sus opugnadores -minimalistas y maximalistas, cierto que en distinta medida- se han hecho fuertes y negocian caro sus votos. Razón de más entonces para ponderar la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal en su justa medida. Necesarios, sin duda, pero nunca suficientes.

El gobierno ha dejado trascender que aspira, en algún momento del año en curso, a presentar tres nuevos proyectos de ley, de esos que se las traen. Por de pronto, planea fijar en trece los años para considerar imputables a los menores que hayan cometido un delito. Además, maneja la posibilidad de llevar de cinco a siete el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Respecto del primero cuenta a su favor -y lo sabe- con el respaldo de la mayoría de la sociedad. En términos de la inseguridad que vivimos, el que un delincuente juvenil no pueda ser juzgado y condenado, aun cuando hubiera sido el responsable de un crimen aberrante, es algo que irrita sobre- manera a una gran cantidad de personas. En punto al máximo tribunal de justicia, Milei no desconoce la postura de algunas senadoras respecto de la ausencia de mujeres entre los ministros de la Corte. Si la candidatura de Ariel Lijo pasa y otro tanto sucede con la de Manuel García Mansilla -algo que no es seguro, ni mucho menos- el reclamo por el cupo femenino no se hará esperar. Como si fuera poco, también se habla de una reforma electoral que incluiría -por disparatado que luzca- la posibilidad de que tengan derecho a voto todos los argentinos nativos, cumplidos los 13 años.

Pero más allá de lo que suceda en la reunión del Mercosur -a la que Milei no asistirá para no cruzarse con su par brasileño-, con el Presupuesto, el régimen jubilatorio, los chicos de 13 años o con los dos juristas postulados para acompañar a Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, la mayor atención del gobierno está situada en otro lado. No es que desconozca la trascendencia de los temas antes citados. Sería insensato que lo hiciera. Pero cualquiera en su lugar, al margen de administrar la cosa pública de puertas para adentro del país, tendría los ojos puestos en la próxima elección presidencial que se substanciará en los Estados Unidos, a comienzos de noviembre del presente año.

Los excesos verbales de Milei dirigidos a sus pares de Colombia y Brasil, el cruce de agravios con la dirigencia socialista española y la reciente mención sobre la crisis que acaba de soportar el gobierno boliviano, bascularon entre lo innecesario y lo provocativo. No es la mejor forma de gerenciar una política exterior pero, al mismo tiempo, es de rigor señalar que nada va a modificarse en la relación de la Argentina con esos países debido a una serie de declaraciones inoportunas. Cuando se trata, en cambio, de los vínculos anudados con el gigante del norte, la óptica para analizar la cuestión es diferente. Pensar que de resultas de un triunfo de Donald Trump se acabarán los padecimientos que sufre la gestión mileísta, sería insensato. Nunca las cosas son tan simples y menos si se trata de la Argentina. Sin embargo, de igual manera sería una ligereza suponer que la victoria electoral del candidato republicano no cambiará en un ápice la naturaleza de la relación bilateral. Es sabida la incidencia que tiene la Casa Blanca sobre las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Macri y Dujovne podrían dar cátedra de ello, contando la forma en que se obtuvo el préstamo de U$ 45.000 MM, cuando el gobierno de Cambiemos hacía agua por los cuatro costados.

El alineamiento automático con los Estados Unidos e Israel, y la inequívoca toma de posición de Balcarce 50 a favor del representante republicano en la pulseada de noviembre, seguramente tendrán de parte de Trump -en el supuesto caso de que gane, lo cual hoy es muy probable- alguna recompensa. Hay pocos jefes de Estado, si acaso alguno, que en un escenario tan complejo y riesgoso como el actual a nivel internacional, haya adoptado posturas tan osadas como las del líder libertario.

Los grandes desafíos que enfrenta el oficialismo en los seis meses por venir se relacionan con la economía: la falta de definiciones claras acerca del fin de las restricciones cambiarias; las dificultades crecientes del Banco Central para sumar reservas; la suba del riesgo país; el incremento de la brecha y la caída de las liquidaciones de divisas del agro en junio, son algunos de las asignaturas pendientes de la administración a cargo de Luis Caputo. Está claro que el cepo mantendrá su vigencia hasta tanto el nivel de reservas del país no resulte lo suficientemente holgado como para hacer frente a las dificultades cambiarias que podrían sobrevenir si se diese ese paso. Parece fuera de duda que el FMI -a cuatro meses de aquellos comicios decisivos- no le concederá un préstamo extra a la Argentina. ¿Pero qué sucedería si el magnate que demolió en el primer debate a su oponente demócrata fuera electo en noviembre? No es utópico pensar que Washington podría convertirse en el valedor de nuestro país delante del Fondo. Tarde o temprano habrá que sentarse a la mesa y negociar en aquella capital un programa financiero que incluya un régimen monetario y cambiario, como también nuevos desembolsos para honrar la deuda contraída con ese organismo de crédito. No es indistinto compartir esa mesa con Biden o con Trump.

Vicente Massot