A esta altura, de nada vale desandar la historia con el propósito de señalar a los culpables. En mayor o menor medida todos lo son. Por lo tanto, lo que se hace necesario apreciar es la dimensión del problema. En este orden, hay un número que no puede obviarse y que debería poner un freno a cualquier ley votada a tontas y a locas, aduciendo criterios de justicia retributiva: el 46,2 % del Presupuesto nacional corresponde al gasto social. Y aun siendo así, las 7,1MM personas que integran la clase pasiva, en general, cobran una miseria. Las razones son varias pero lo primero que salta a la vista es que, de ese total, 3,1MM cumplieron en tiempo y forma con sus aportes, mientras 4 MM se acogieron a las sucesivas moratorias que -de manera por demás irresponsable- genero el kirchnerismo en los tres periodos durante los cuales gobernó la Argentina. Si a lo expresado se le suma que, en este momento, el empleo en blanco -sostén natural del sistema- orilla los 9,7 MM los trabajadores, cualquiera puede darse cuenta de que la relación de éstos últimos respecto de los jubilados es de 1,4 a 1, algo inviable por donde se lo analice.

El último jueves, el Senado aprobó el proyecto de ley que cambia la fórmula de movilidad jubilatoria dispuesta por el gobierno a través del DNU Nº274 -iniciativa que, en el mes de junio, había obtenido media sanción en la cámara baja del Congreso de la Nación- y desató, por un lado, un debate acerca de sus alcances. Por el otro, es probable que dispare una crisis de carácter institucional si, como lo ha anticipado en más de una ocasión, el presidente decide vetar la norma.

Conviene, pues, ir por partes. Comencemos con las opiniones cruzadas. Hubo tres que no dejaron de llamar la atención. Rompió el fuego Osvaldo Giordano, el ex–director de Anses, cesanteado a poco de llegar a su despacho por un voto de su mujer que le había caído indigesto al Poder Ejecutivo. Actualmente se desempeña como presidente de la Fundación Mediterránea y, en la materia, no toca de oído. Según él, por ignorancia o por atolondramiento, se equivocaría Milei si apelase al veto total. El funcionario de origen cordobés apunta que el DNU gubernamental adolece de debilidades que lo harían vulnerable a futuros juicios contra la Anses.

Al margen de ello no es cosa menor, según su opinión el principal factor expansivo del gasto deriva del artículo 4º de la pieza legal recién votada, con lo cual bastaría enderezar un veto parcial en su contra para atemperar los efectos que temen padecer en la Casa Rosada. En la misma línea ha argumentado el ex–asesor económico del oficialismo, Carlos Rodríguez. Para él, si la norma fuese bien instrumentada, podría contribuir a darle sustentabilidad al equilibrio fiscal, que es la gran preocupación de Milei y la razón por la cual habrá de vetarla. Por último, y en consonancia con la Casa Rosada, Gabriel Rubinstein -único funcionario serio con que contaba, en su equipo de improvisados, Sergio Massa- piensa que el nuevo régimen tendrá un elevado costo fiscal en caso de instrumentarse tal como está redactado, además de violar la ley de Administración Financiera.

Como es fácil de entender, sobre un mismo tema, de por si complejo, tres personas que no suelen hablar de más y que siempre han demostrado seriedad a la hora de hacer un juicio relacionado con cuestiones de índole técnica, no sólo no terminan de ponerse de acuerdo sino que sustentan posiciones que están en las antípodas unas respecto de las otras. Así como se estila decir que, en términos jurídicos, la mitad de la biblioteca prueba una cosa y la otra mitad, la contraria, es de hacer notar que algo similar sucede con el análisis del impacto fiscal de la norma sancionada. Si los especialistas, por llamarles así, no coinciden, imaginemos a Javier Milei congeniando con Miguel Ángel Pichetto, Martín Lousteau o Martín Tetaz, en asunto de semejante trascendencia.

A esta altura, es seguro que desde la presidencia de la Nación su titular echará mano al recurso del veto. El interrogante que nadie, por el momento, es capaz de responder con alguna seriedad, es si será parcial o total. Los sectores dialoguistas de las dos cámaras del Congreso y, como se dijo antes, ciertos expertos en el tema tratan de hacerle comprender a Javier Milei que no se deje llevar por el encono y que piense dos veces antes de fulminar a la ley en su totalidad. La idea de que bastaría con vetar los artículos 2º, 4º y 10º está en la cabeza de no pocos diputados y senadores que, si ello no ocurriese, se verían inclusive contra su voluntad, obligados a unirse a las bancadas más recalcitrantes, para sumar los 2/3 necesarios y rechazar el veto.

El Poder Ejecutivo no se ha dejado estar. Baraja, al menos, dos opciones para hacer frente a un nuevo traspié legislativo, si se produjese. Es un secreto a voces que, con base en la aceitada relación que existe entre el oficialismo y determinados gobernadores -tanto los de Juntos por el Cambio como del peronismo- los libertarios se han tomado el trabajo de ponerlos en autos acerca de cuáles serían las consecuencias de tener que pagar los aumentos contenidos en la polémica ley jubilatoria. Como ello implicaría, según los cálculos de la Secretaria de Hacienda, casi 1,2% del PBI, y el superávit fiscal no se discute, quienes harían las veces de patos de la boda y sufrirían la mayor poda de recursos, serían las provincias. Si la advertencia o amenaza -como se prefiera llamarla- dará resultado, es asunto abierto a debate. En cambio, no hay duda de que si el veto fuese recusado por ambas cámaras el oficialismo llevará el diferendo a la Corte, y sólo Dios sabe cuánto tiempo tardará el tribunal supremo de la Nación en expedirse.

Los sucesivos reveses que ha sufrido en menos de treinta días el gobierno a manos de un Poder Legislativo hostil no constituyen una buena señal para los mercados. Si otra fuera la situación económica y las urgencias fiscales no estuviesen a la orden del día, importarían poco o nada aquellos tropezones. Pero el panorama de los próximos meses luce complicado, menos por la impericia económica del oficialismo -que, de momento, no delata fisuras de consideración- que por el grado de deterioro que exhibe el país. Nadie está en condiciones de producir un milagro que a todos deje conforme. La inflación viene en baja asociada a una recesión inevitable, de la que cuesta salir.

Las bancadas de La Libertad Avanza son una suerte de Armada Brancaleone sin pies ni cabeza. Sus riñas y pifias ciertamente no ayudan. De igual manera confunden e irritan, sin necesidad, los exabruptos verbales del presidente, presto a polemizar con cualquiera que se le ponga a tiro. Por su lado los partidos opositores no demuestran el grado de responsabilidad que sería de desear. Si a esta realidad se le agrega la puja en la que están enredados dos de los tres poderes de una república -la nuestra- harto imperfecta, la confianza que generan las medidas promercado y los notables logros de los primeros ocho meses de gestión, se atemperan por efecto del clima político enrarecido que sufrimos.

Vicente Massot