Pocos -si acaso alguno- de los analistas más importantes del país creyó pertinente otorgarle el beneficio de la duda a un personaje que consideraban, o bien un desequilibrado, o -en el mejor de los casos- un ser estrambótico. Su falta de experiencia en términos del manejo de la cosa pública, unida a sus escasas fuerzas en las dos cámaras del Congreso de la Nación, los llevó a aquéllos a suponer que las dificultades que se recortaban en el horizonte de quienes se hicieron de la Casa Rosada por voluntad popular, dejaban al descubierto la debilidad estructural del experimento libertario. Entonces parecía inconcebible que el riego país -que, al despedirse el kirchnerismo del poder en diciembre, orillaba los 2800 puntos básicos- pudiese ser reducido a menos de 900. Considerar que la inflación podría ser domada y que antes de finales del primer año de mandato se estacionaria entre el 2 % y el 3 %, sonaba descabellado. Otro tanto sucedía con la promesa -repetida hasta el cansancio por el candidato en el curso de la campaña- de que, a poco de instrumentar el ajuste de la economía, consolidaría el superávit fiscal que hoy es indiscutible. 

Transcurridos diez meses, desde el momento en que Milei llegó a Balcarce 50, no deja de resultar curiosa la forma como esos mismos analistas juzgan su derrotero al frente del Estado. Por supuesto, no niegan los éxitos cosechados -sería por demás torpe de su parte- pero -acto seguido- nunca se olvidan de puntualizar, hasta con lujo de detalles, las asignaturas pen- dientes del oficialismo, sin las cuales, tarde o temprano, estaría condenado al fracaso. Simulan olvidar la herencia envenenada que recibió y le exigen a Milei que levante el cepo y haga crecer la actividad en todos los rubros imaginables, confundiendo a propósito la política con la magia. En esto hay escasísimas excepciones a la regla. En materia económica, entre quienes levantan argumentos en favor de lo realizado por el palacio de Hacienda, podemos contar a Ricardo Arriazu, a Juan Carlos de Pablo, y contados colegas más. Entre los columnistas de los principales diarios del país no hay ninguno que cante fuera del coro. Sin embargo, a pesar de la opinión publicada -tal como le gustaba denominarla a Bernardo Neustadt- el gobierno sigue anotando en su carnet un triunfo tras otro. Quizás quien mejor ha explicado el fenómeno comentado ha sido José Luis Daza, el viceministro de Economía. En respuesta a una serie de opiniones que echan mano al alineamiento de los astros para explicar lo que no pudieron prever, fue categórico: “Los astros no explican nada. La mejor explicación de lo que ocurrió está en los conocimientos de economía y finanzas”. Le faltó decir:  Muchachos, no sean burros.

A la hora de hacer un balance que contemple victorias y fracasos no sólo hay que posar la lupa sobre los resultados obtenidos en los recintos parlamentarios. El proceso de desregulación en marcha, motorizado desde la cartera que encabeza Federico Sturzenegger, es quizá menos vistoso pero tiene un peso semejante a la baja del riesgo país o el combate contra la inflación. Prácticamente no hay semana en la que no se deje sin efecto alguna de las tantas canonjías, prebendas o privilegios extendidos por espacio de décadas al sector público o privado -indistinta- mente- y que ningún gobierno se había animado a tocar. Si para muestra vale un botón, lo que ha sucedido con la industria de los laboratorios nacionales no nos deja mentir. El permiso otorgado al gobernador de Mendoza para importar medicamentos más baratos desde la India, sin tener que pasar por el dudoso filtro de la ANMAT, habla por sí solo. Y no es -ni mucho menos- el único caso. Al mismo tiempo se podrá decir, y no sin razón, que la actual administración mantiene la vigencia del más vergonzoso de los regímenes especiales -el de Tierra del Fuego- y que ha colocado al frente de la DGI a Andrés Vázquez, sobre quien pesan denuncias por cuentas bancarias no declaradas.

El Poder Ejecutivo elimina un desafío de manera exitosa y no tiene demasiado tiempo para festejarlo. Enseguida debe abocarse con todas sus fuerzas a apagar un nuevo incendio o a recrear la alianza -por ahora líquida- que ha forjado con el Pro, con tres o cuatro gobernadores peronistas y con un número pequeño pero efectivo de radicales, lo que le ha servido a los efectos de blindar los vetos presidenciales. Cerrado ya el tema universitario, la amenaza vuelve a estar centrada en la Cámara de Diputados. Allí, una mezcla de kirchneristas, radicales, seguidores de Lousteau y de Manes, federales que reportan a Miguel Pichetto, incondicionales de Elisa Carrió y minúsculos grupos de izquierda, buscan ponerle el palo en la rueda al oficialismo, en una cuestión que -bien mirada- tiene más trascendencia que la fórmula jubilatoria y el presupuesto universitario. ¿Por qué? -Básicamente, en razón de que los libertarios pueden prescindir del presupuesto o gobernar con los escasos diputados y senadores que acreditan a nivel parlamentario, pero se les haría cuesta arriba si el recurso de emitir decretos de necesidad y urgencia les fuese restringido.

Se trata de reformar la ley que regula la sanción de los DNU conforme al parecer de una mayoría de voces que -de buenas a primeras- protestan su respeto a las instituciones republicanas y enderezan no pocas críticas contra el sistema de validación de los DNU que está vigente. El obstáculo que necesitan superar es la dispersión de proyectos presentados. Son dieciséis y deben ser considerados en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento. El quid de esta cuestión reside en la ley Nº 26.122, la cual determina que el Congreso puede ratificar los DNU o derogarlos, con el rechazo de ambas cámaras (la alta y la baja). Lo que se discute son los tiempos para que el Congreso trate el asunto y la obligatoriedad de que las dos cámaras den su aprobación. ¿Qué pretende el colectivo opositor? -Ponerle un plazo, de entre 90 y 120 días, para que el Congreso se expida.

Si no lo hiciese, o una sola Cámara lo rechazase, el decreto en cuestión caería. El gobierno, de su lado, defiende la norma actual, que no fija plazos y obliga a ambas cámaras a rechazar un DNU para dejarlo sin efecto. Es probable que, dada la variedad de los proyectos en estudio y el escaso tiempo que hay para sesionar, el tratamiento de la norma se postergue y recién vuelvan los diputados a prestarle atención en febrero o marzo del año próximo. Si este fuera el escenario, La Libertad Avanza habría logrado su propósito táctico -es decir, patear la cuestión para más adelante. De lo contrario, se empeñará en otra batalla a suerte y verdad en los días por venir.

Vicente Massot