Al senador Edgardo Kueider lo pescaron in fraganti cuando quiso entrar con su secretaria al Paraguay con U$ 200.000 no debidamente declarados. Si no hubiese sido entregado por alguien -algo que cae de maduro respecto de una frontera tan porosa y de aduanas tan ineficientes- habría seguido disfrutando de los millones que tiene en su haber, sin inconvenientes. Una nota periodística, firmada por Alconada Mon en La Nación, puso al descubierto algo que era un secreto a voces: las propiedades que Cristian Ritondo tiene en Miami y también en el Uruguay. Por su parte, sólo la inaudita torpeza de José López, revoleando unas bolsas que contenían una millonada de dólares, lo puso ante un tribunal y lo condujo a la cárcel. A Cristina Kirchner le llego su hora porque la impunidad es una mala consejera. Si hubiera cuidado con más celo em inteligencia la fortuna mal habida que acumuló con su marido en tantos años de gobierno, ahora podría estar disfrutando de ella a sus anchas, en cualquier parte del mundo. 

Los ejemplos mencionados -apenas unos pocos de los cientos que podrían traerse a comento- demuestran que las posibilidades de reducir a su mínimo grado la corrupción pública son mínimas. Salvo -claro- que los corruptos cometan un error de bulto o que el periodismo saque al sol sus paños sucios, lo cual sucede en escasas oportunidades. Imaginar que la empresa de adecentar la política se podrá acometer sentando en el banquillo de los acusados a funcionarios y a ex–funcionarios, con la obligación de probar su culpabilidad, es de una candidez conmovedora.

Si es la presunción de inocencia la base del proceso para determinar el acto delictivo, por uno dos evasores o coimeros que sean hallados culpables, miles se reirán a carcajadas de la justicia. Y, sin embargo, existe en la Argentina la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos, regulado en el Código Penal -articulo 268(2)- con base en la sentencia de que aquel imputado que “… al ser debidamente requerido no justificare la procedencia de un crecimiento patrimonial …”.

En una palabra: que conforme a la figura jurídica predicha no es la acusación la que tiene la obligación de probar el delito sino el imputado el que debe establecer las pruebas suficientes para demostrar su inocencia. Después de todo, si un servidor público no ha cometido delito ninguno y nada debiese ocultar, qué razones tendría para escudarse en que “nadie está obligado a declarar contra sí mismo”, a los efectos de no dar cuenta de sus actos. En su momento, Eduardo Angeloz adujo la inconstitucionalidad del aquel artículo para salvarse de ofrecer explicaciones respecto de negocios nada claros durante su larga gestión a cargo de la gobernación cordobesa.

No hay dudas acerca de los actos de corrupción de Edgardo Kueider, José López, Julio De Vido y Cristina Kirchner. Pero detrás de ellos hay infinidad de otros delincuentes que han pasado por o se hallan hoy en la función pública -el jefe de la DGI, Andrés Edgardo Vázquez, es un evasor serial- que hicieron su entrada a la misma como pobres de solemnidad y salieron forrados en billetes de color verde. Sería sencillo obligarlos a declarar si se echara mano a la figura de la inversión de la carga de la prueba y se procediera a enjuiciarlos con arreglo a su letra y espíritu. Pero eso no sucederá por un motivo muy sencillo: la judicatura, en virtud de su proverbial cobardía, de su complicidad con los poderes de turno o por sus propias miserias, no está dispuesta a avanzar en este camino. Son contados los magistrados y fiscales del fuero penal que representan un ejemplo de lucidez y honradez.

El escándalo que protagonizó el senador proveniente de la provincia de Entre Ríos no llamó tanto la atención por el ilícito cometido como por la comedia de enredos del oficialismo y sus aliados en la cámara alta. Desde el punto de vista específicamente político -es decir, haciendo a un lado la corrupción- el saldo que dejó el episodio resultó netamente favorable al kirchnerismo. Kueider quedó preso en Asunción y expulsado del Senado, sin que tenga demasiado sentido discutir la legalidad o constitucionalidad de la sanción. Como en toda instancia igual o semejante a la tratada, una mitad de la biblioteca dirá blanco mientras la otra mitad proclamará negro. Jurídicamente, los expertos en la materia podrán discutir hasta el fin de los tiempos. Entre tanto, asumirá en reemplazo del peronista litoraleño su coterránea Stefanía Cora, que completará el periodo hasta diciembre del año próximo. De más está decir que la nueva senadora es una defensora fervorosa de Cristina Fernández. La conclusión, pues, es que Unión por la Patria recuperó una banca -la que ocupaba Kueider, aliado del oficialismo- y ahora suma 34 senadores. Los que se encolumnan detrás de la jefatura del formoseno José Mayans en la cámara alta -ahora envalentonados por su triunfo- intentarán avanzar a expensas de la banca del correntino Camau Espínola -otro justicialista que abandonó el bloque en 2022- para sentar en su lugar a la oriunda de la ciudad de Paso de los Libres, Ana Claudia Almiron. Que tengan pocas chances de lograrlo no disuadirá a los K a la hora de intentarlo.

En realidad y bien miradas las cosas, el kirchnerismo ganó como fruto de la casualidad. A Kueider lo vendieron y, a partir de la madrugada en la cual no pudo justificar el ingreso de ese monto de dólares ante las autoridades paraguayas, en el gobierno actuaron con una torpeza notable. En buena medida, lo que explica las pifias de la Casa Rosada en el Senado es consecuencia directa de la forma que llevan su relación Javier Milei y Victoria Villarruel. Entrar en consideraciones acerca de a quién le corresponde la culpa o quién inició un camino de agravios que parece sin retorno, es cuestión que alguna vez deberán tratar los historiadores. Está fuera de discusión que la pelea llego a un límite insoportable, más por las embestidas del presidente -convencido de que la vicepresidente lo ha traicionado- que por cualquier otro motivo. El destrato a que ha sido sometida la cabeza del Senado no tiene antecedentes en la larga serie de desencuentros que han tenido lugar entre los integrantes de distintos binomios presidenciales victoriosos: Frondizi Gómez; Menem-Duhalde; De la Rúa-Álvarez; Kirchner-Scioli y Fernández-Fernández, para mencionar los más conocidos. A Villarruel le han dicho de todo los trolls que responden a Balcarce 50. Y lo han hecho con saña, amenazándola con tirarle un par de carpetas por la cabeza. Se sabe que el estilo presidencial está reñido desde siempre con la elegancia de los modales, pero parece inconcebible que no perciba el espectáculo desgraciado del que es protagonista. En todo caso, los conflictos de familia se discuten entre cuatro paredes.

Más allá de todo lo explicado antes, y sin quitarle entidad a lo que significa la corrupción en general y el caso Kueider en particular, mientras el riego país siga en descenso acelerado -el lunes perforó la barrera de los 700 puntos básicos y se clavó en 667-, las acciones argentinas sigan volando alto en Wall Street, la inflación continúe con su curso declinante y el Poder Ejecutivo, como consecuencia de la imposibilidad de votar un nuevo presupuesto, pueda de manera discrecional disponer de seguros excedentes en la recaudación y recortar las partidas que le parezcan necesarias en un año electoral, Javier Milei no tendrá de qué preocuparse. Que el kirchnerismo haya retenido una banca que creía perdida y el gobierno haya salido derrotado es una anécdota. Los planetas están alineados en favor del líder libertario. La suerte no hace más que sonreírle. A la par, el viento sopla de cola. ¿Qué más se puede pedir?

Vicente Massot