Resulta extraño ver la indignación provocada por la aparición de un vacunatorio vip en el Ministerio de Salud de la Nación. No porque no se trate de un hecho escandaloso sino porque desconocerlo, de alguna manera, sería propio de vivir en otro país. Es la Argentina Blue que funciona así en todo.

Podría haber sido la inflación extremadamente alta. O podría haber sido el acto inconstitucional de intimar a decenas de jueces para que se jubilen por parte de la ANSeS que conduce la camporista Fernanda Raverta. Sin embargo, la crisis política más importante de la administración de Alberto Fernández la provocó (la está provocando) la interminable lista de vacunados contra el virus Covid-19, sin tener la edad necesaria o sin haber respetado el protocolo de turnos y de prioridades.

A fines del año pasado el gobierno fijó tres condiciones para ganar las legislativas: un exitoso operativo de vacunación, una rápida recuperación de la economía y la unidad del peronismo. Hoy parece difícil que pueda alcanzar las dos primeras, por lo que en el peronismo crece la peligrosa sensación de que empezó la campaña con el pie izquierdo.

Las normas que regulan al poder son una dificultad para el kirchnerismo. Es lo que determina su espíritu reformista. Adecuar la ley para que acepte los casos en que actuó evadiéndola. Ese es el nudo del conflicto que mantiene con el Poder Judicial bajo el polémico concepto del lawfare. La idea de una persecución a quienes en apariencias luchan contra un sistema injusto sin detenerse en esas minucias. Podría faltar poco para que Ginés González García adhiera a esa causa. El fiscal Guillermo Marijuan lo investiga por la entrega selectiva de dosis del plan de vacunación.