La legalidad y la ilegalidad van de la mano. Lo único que ha hecho la pandemia es mostrarlo con mayor claridad. Una vez más, se pone en juego hasta dónde el Estado es capaz de ser un alivio y no una carga. Son horas de definiciones que marcarán el rumbo de la salud y la economía que viene. Eso sí, en un contexto muy diferente al del año pasado donde la autoridad gubernamental está mancillada. Y ante una realidad que es objetivamente más grave, la dificultad para avanzar en medidas creíbles es inversamente proporcional a la necesidad de establecerlas.

Enojado por la falta de controles para impedir el aumento de los casos, el Presidente en el anuncio de hoy a la noche rompió la lógica de la consulta con Larreta y los gobernadores.

La compra de dólar a futuro fue una decisión política. ¿Buena? Depende de quién lo mire, aunque hubo empresarios (sin simpatías con el kirchnerismo) que la justificaron en su momento porque necesitaban tener cierta previsibilidad para la compra de insumos importados. ¿Mala? Probablemente, sobre todo porque el gobierno de Cristina Kirchner realizó contratos de venta de dólar a futuro con vigencia hasta seis meses después de la conclusión de su mandato, en diciembre de 2015. Hubo contratos que duraron hasta junio de 2016.

El Gobierno enfrenta una nueva ola de Covid con las mismas armas con las que fracasó el año pasado: encierro y transferencia de culpas a la sociedad y a la oposición. Tiene una sola marcha y ya está claro que no se le puede pedir más.