El Presidente suele tomar decisiones sin consultar con expertos ni colaboradores; ese estilo le impide calibrar las consecuencias de sus actos; en estas horas está revisando su posición en dos cuestiones relevantes: las relaciones con el gobierno porteño y la contratación de vacunas

Desde el 20 de marzo de 2020, cuando el gobierno nacional oficializó, un poco tarde, por cierto, que el país debía enfrentar la pandemia del Covid-19, pasaron 405 días que expusieron un cambio negativo en el comportamiento político y público del presidente Alberto Fernández, que pasó de ser ese hombre inclusivo, que les habló a todos y pidió colaboración, a este que desafía las relaciones institucionales, que reta a la gente, que se siente su “padre” y no su gobernante, despierta rechazos y dudas que nos interpelan día a día: ¿Es este Alberto Fernández el peor líder para enfrentar el peor momento?

El kirchnerismo duro tuitea y el Gobierno acompaña para instalar nuevas fechas como hitos de un relato que se esfuerzan por hacer heroico.

Las contradicciones están a la orden del día en la Argentina. Desde lo más alto del poder a las más pequeñas pruebas que tiene una sociedad abarcada por una pandemia que parece haberse convertido en el único tema de preocupación. Pero no es así. Mientras transcurren los efectos nocivos del coronavirus, se consolidan comportamientos cuya modificación resultará mucho más costosa que la salida misma de las consecuencias que el virus está generando. El rol del Estado es, en este aspecto, clave para entender el momento actual. Y del que vendrá. Podrá ser parte de la solución o del problema.