Política

Fue la que definió Cristina Kirchner, y Alberto Fernández aceptó, en diciembre de 2020: que las negociaciones que se habían abierto con el Fondo se postergarían hasta después de las elecciones 

Satisfecho con el acuerdo con el FMI, Alberto Fernández promueve su propia aspiración dormida, el albertismo. Y del otro lado, magullados, madre e hijo iniciaron otra etapa palaciega: un golpe en dos tiempos. 

La falta de definición de la Vicepresidenta desdibuja la autoridad del Jefe de Estado y genera ruidos que afectan la gestión gubernamental 

Hace casi 40 años, los jóvenes que se creían progresistas pedían un presidente como Alan García. Parece que no hubiéramos aprendido nada en todo este tiempo. 

Con las esquirlas de la bomba aún dispersas, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados oficialistas requiere una atención política más allá de la excusa formal del portazo. Es una jugada más profunda que aún intentan entender en el peronismo bonaerense que el hijo de Cristina Kirchner preside desde diciembre. Tal como se adelantó, la composición de las coaliciones mayoritarias del tablero político va camino a sufrir alteraciones. 

La carta de Máximo Kirchner es una acusación explícita al Presidente de claudicación y un pronóstico de graves perjuicios para la población: una bomba sobre la arquitectura argumental construida por Fernández y Guzmán 

La renuncia del jefe del bloque oficialista desnudó las diferencias internas del Gobierno. La calma financiera que se había recuperado, otra vez en riesgo

El jefe del bloque de diputados sacudió el tablero al anunciar que deja su cargo. Rechazó así el acuerdo con el FMI. Y repuso incertidumbres. Alberto Fernández buscó minimizar el efecto. Y avaló la marcha K contra la Corte. Agrega tensión institucional al conflicto político 

Alberto Fernández fracasó en todas las reformas que se planteó en materia judicial y ahora da apoyo a la marcha kirchnerista contra los jueces para mostrar unida a una coalición que atraviesa tormentas internas 

La cuestión pasa por esclarecer cómo será la distribución de las cargas que impondrá el ordenamiento imprescindible que requiere la economía, cuál será el costo que pagará el Gobierno y cuándo podrán llegar los eventuales beneficios 

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