Política

Es más que probable que Alberto Fernández haya tenido que convertirse en el prestidigitador mayor de estos tiempos, no sólo porque así se lo exige su lugar en la pirámide del poder, sino también porque está condenado por ahora a servir a dos patrones: a la opinión pública y a Cristina Fernández.

 

Tras el ataque a Pearl Harbor, que aceleró el ingreso de los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el almirante Yamamoto se preguntó con visionaria pesadumbre si en el fondo Japón no había hecho más que “despertar a un gigante dormido”.

 

Es uno de los jueces más conocidos del país. Su nombre debe reservarse, pero nunca fue discutido por kirchneristas ni antikirchneristas.

 

El presidente asumió el costo de diluir el fuero federal que la procesó. Controló la mayoría del Consejo de la Magistratura y obtuvo en Diputados el perdón fiscal para Cristóbal López.

 

Todo indica que CFK se ocupará en forma personal de los temas que le interesan.

 

Traidores y enemigos: gracias a las escandalosas declaraciones de los exjueces federales Oyarbide y Canicoba Corral nadie puede dudar de la imperiosa necesidad de reformar profundamente la Justicia.

 

La ofensiva judicial de Alberto y Cristina cohesionó a la oposición, que mantiene fuertes diferencias internas.

 

El orden de los factores a veces sí altera el producto. Los anuncios de las reformas judiciales son la mejor demostración de que para lograr ciertos objetivos el Gobierno se ve obligado a hacer operaciones complejas y que no siempre obtiene el resultado propuesto. La aritmética política no es una ciencia exacta. Ni de fácil dominio, cuando el poder está repartido.

 

La reforma de la Justicia que ha puesto en marcha el presidente Alberto Fernández despierta respuestas paradójicas. Se trata de la iniciativa política más importante que ha encarado el gobierno desde que asumió, casi ocho meses atrás.

 

Detrás de la reforma judicial, se esconden las herramientas para garantizarle impunidad a Cristina Kirchner

 

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