Política

En el peor momento de la pandemia en el Área Metropolitana (AMBA), con cifras de muertos e infectados que se superan día a día, a causa del coronavirus, se enturbió la relación política entre el Gobierno de la Nación y la administración porteña de Horacio Rodríguez Larreta.

 

Existe un consenso generalizado acerca de que, con el acuerdo con los acreedores internacionales, el Gobierno despejó un problema importante. Si el país hubiera seguido en default, la situación financiera de muchas provincias y empresas privadas se habría agravado mucho.

 

Si la reforma judicial se aprueba y se incrementa el número de integrantes de la Corte Suprema, la Cámara Alta puede ser la clave del futuro de Alberto, Cristina, el cristinismo y la oposición. Para eso tenemos que volver a hablar de elecciones, guste o no.

 

Cuando la vicepresidenta avanza, el Gobierno, pero también el país, retrocede varios casilleros. Sucede lo mismo a la inversa: cuando Cristina retrocede o no se puede salir con la suya, las cuestiones del Gobierno y el país avanzan.

 

El Presidente envió una dura señal al jefe de Gobierno porteño, cuestionado antes por CFK. ¿Giro personal y de estrategia? En lo inmediato, suma riesgo frente a la fatiga social por la cuarentena y con contagios en alza. Algo similar ocurre con la seguridad

 

Guzmán y un ministerio con nueva agenda. El Presupuesto 2021 y la obligación de mostrar al menos un paquete de medidas parecido a un plan. Decisiones que esperan y sólo el Presidente va a tomar.

 

Llegó la hora de que la administración de Alberto Fernández tenga un plan económico. El embrionario acuerdo con los bonistas, que le consumió ocho meses de su gobierno, fue una decisión política del Presidente.

 

La reforma judicial y la amnistía fiscal para Cristóbal López empezaron a debatirse en el Senado en un clima de confrontación.

 

Resulta lógico que el Consejo asesor para la reforma judicial se apresure a iniciar su tarea antes del 18 de agosto, la fecha prevista originalmente. Lo curioso de esa urgencia es que no guarde relación con las modificaciones al fuero federal, el Consejo de la Magistratura y del Ministerio Público. La agenda que los expertos deben debatir. Se trata, en realidad, de adecuarse a la exigencia anunciada por Cristina Fernández de Kirchner.

 

El ministro bonaerense se autopromociona con videos y habla de los robos como si fuera opositor.

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