A Alberto Fernández se le venía reclamando que ejerciera sin timidez la autoridad presidencial. Esta semana decidió satisfacer ese pedido. Tarde piaste, dirán algunos.

Lógico sería que, en atención a cuanto significa la nueva ola del COVID, el gobierno acreditase un nivel de coherencia tanto en los dichos como en los hechos. Frente a una crisis de tamaña dimensión era razonable pensar que los funcionarios de mayor jerarquía de la administración kirchnerista darían de lado sus riñas y pondrían paños fríos a sus luchas internas.

La primera ola de la pandemia en el país presentó el peor desenlace posible; récord de muertes y caída de diez puntos del PBI. Dos acotaciones de este penoso resultado: La primera es que, en general, el sistema hospitalario no colapsó, pero ni la cuarentena eterna ni las medidas restrictivas sociales sirvieron para bajar a cero el nivel de contagios. Ellos se amesetaron con su consecuente número de muertes, lo que llevó a tener las mismas víctimas que los países que nunca enclaustraron a la población.

Una de las características más comprobable en las sociedades que pierden sus esperanzas de mejorar es la verificación de que se está en manos de burros y obtusos; de tercos y ciegos que siguen empecinados el camino que produjo el fracaso.