De un tiempo a esta parte, a Cristina Fernández se le ha dado por sentarse a escribir cartas públicas. No importa tanto descubrir el nombre de su ghost writer -porque resulta claro que ella no las redacta- como entender a dónde apunta y saber que el propósito que la anima es, por un lado, marcarle la cancha al presidente de la Nación y, por el otro, hacer ostentación de su poder. Conviene no tomar a la ligera cuanto ha expresado en las sucesivas misivas que nos ha hecho conocer en los últimos meses. Inclusive los disparates que podrían apuntarse en su contra tienen un sentido.

La nueva epístola de Cristina Fernández a los Conurbanensis (y resto de la feligresía K) dirigiendo un feroz ataque a los miembros de la Corte Suprema de Justicia ha sido criticada correctamente por la oposición, que visualiza en ella un adelanto de la reforma judicial que el oficialismo está pergeñando. Reforma destinada a terminar con el sistema de división de poderes, tal como lo conocemos, y su reemplazo por una politización franca del sistema político en su conjunto, cuyo vértice de conducción lleva a la vicepresidencia.

En una evidencia más de la dureza de la cara de piedra de Fernández, el presidente grabó un spot para televisión y radio con motivo del fin de año.

En los últimos días, los dirigentes más encumbrados del oficialismo volvieron a alinearse indignados, vociferando contra la idea del “lawfare.” Aunque el concepto es susceptible de sentidos diferentes, en términos generales pareciera referir a una articulación internacional que unificaría a poderosos medios de comunicación, a grandes empresarios, y a jueces y políticos influyentes, decididos a actuar contra los más salientes líderes populares del continente, y en favor de la reinstauración del neoliberalismo.